Aforados a cientos

Habitamos el país de los aforados. Los hay a cientos. En semejante condición se encuentran, por mandato constitucional, los miembros del Gobierno, los diputados y los senadores, teniendo en cuenta además que los Estatutos de Autonomía amplían la relación a los presidentes, consejeros y parlamentarios regionales; y que la Ley Orgánica del Poder Judicial incluye también a los presidentes y miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, entre otros. En caso de ser imputados por cualquier delito, los aforados tienen el derecho reconocido a ser juzgados por un tribunal distinto al del resto de los ciudadanos.

Alguien podría pensar que, por este motivo, la ley no es igual para todos, ya que no se trata a todos de la misma manera. Jurídicamente se justifica el aforamiento en la creencia de que los Tribunales Superiores gozan de mayor independencia. Y de hecho, los aforados tienen menor margen de recurso que las personas juzgadas en Primera Instancia: no es posible apelar una sentencia del Supremo a no ser que se opte por recurrir ante instancias europeas.

Ocurre que el exministro y aún parlamentario Ábalos, citado ayer por un juez, sigue a salvo de una investigación judicial en profundidad justamente por ser aforado. Si el magistrado ve indicios de criminalidad en Ábalos, tendrá que dirigirse al Congreso y pedir un suplicatorio. Es previsible que el plazo de respuesta de la Cámara se demore al menos dos meses. Hasta entonces no se podrá investigar el patrimonio ni revisar los teléfonos móviles del susodicho. Cuanto menos, los aforados tienen el privilegio de ganar tiempo. 

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