Ábalos pide al Supremo que limite su investigación al contrato de las mascarillas y apunta a errores de la UCO y daño a su familia

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha recurrido las últimas decisiones del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que ha requerido información financiera sobre sus movimientos bancarios y quiere indagar sobre la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), en relación con las propiedades en Perú que la Unidad Operativa (UCO) con los que la Guardia Civil le relaciona en sus informes, a los que atribuye errores.

En un escrito de 11 páginas que ha presentado ante el juez, y al que se adjunta diversa documentación, la defensa del hoy diputado del grupo mixto recurre el auto en el que Puente acuerda las nuevas diligencias, que pide que queden sin efecto. Le pide que ordene "todo lo preciso para limitar el periodo de la investigación" y que éste comience en el momento que se incoaron los contratos para la adquisición de mascarillas en pandemia. Reprocha al magistrado que haya optado por dar una segunda interpretación a la exposición razonada que le remitió en su día el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para "ampliar el lapso temporal del objeto de la causa" a toda su etapa ministerial.

A su juicio, las medidas adoptadas "no son pertinentes, ni mucho menos son proporcionales, en cuanto a los principios de idoneidad y especialidad, toda vez que se confrontan todos ellos con las actuaciones llevadas a cabo por la UCO", a la que acusa de ampliar "unilateralmente" la investigación.

Así, según el escrito al que ha tenido acceso este diario, la defensa de Ábalos considera que los hechos que emanan del informe de la Guardia Civil "sustentan la prospectividad de la investigación" que acordó el propio juez, que señala hechos muy anteriores a los contratos por los que empezó la investigación de esta causa en la Audiencia Nacional. Reprocha igualmente que se haya utilizado información "personal y familiar" que está produciendo una "injerencia" en sus derechos fundamentales.

La boda y Colombia

En cuanto a los daños personales y familiares, la defensa lamenta que se hayan aportado por la UCO a sus informes imágenes de la primera boda de Ábalos, que nada tiene que ver con la investigación, por lo que debería haberse realizado un expurgo previo "al objeto de evitar daños personales y familiares". En este punto alude a "opiniones e insinuaciones cuando menos capciosas e indebidas" realizadas por terceros.

Los mismos reproches merece para esta parte lo incluido por los investigadores en relación con un terreno en Tulua, (Colombia) que fue adquirido en 2003 y vendido diez años más tarde por Ábalos, cuyo valor fue erróneamente fijado por la UCO en 2,1 millones de euros cuando realmente lo adquirió por 721 (al confundir dólares con la moneda colombiana). La información errónea, derivada de un disco duro intervenido al asesor ministerial de Ábalos, Koldo García, no fue contrastada, y por ello señalaba la existencia de una casa en construcción perteneciente al terreno contiguo. Sobre otro inmueble que la UCO le atribuye en Chimbote (Perú), la defensa señala que ni siquiera le pertenece y aputna a la Fundación Fiadelso, de la que Ábalos fue patrono hasta diciembre de 1998. En relación con esta propiedad también alude a una imagen encontrada en un ordenador del comisionista de la trama Víctor de Aldama, que refleja un contrato para su compraventa y que "nada tiene que ver con el auténtico".