En distintos comunicados
Asociaciones de prensa salen en defensa de los periodistas imputados por informar del caso del fiscal general
APM, FAPE, ACIJUR y PDLI recuerdan la jurisprudencia del tribunal de derechos humanos con sede en Estrasburgo y la especial protección del derecho a la información que consagra la Constitución
Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, durante su comparecencia en el Senado. / José Luis Roca
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) han hecho público distintos comunicados en los que salen en defensa de los periodistas de 'El País', 'El Mundo' y '20 minutos' imputados por un delito revelación de secretos por haber informado sobre el caso en el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
PDLI insta al cese inmediato de cualquier acción penal contra periodistas, "cuyo único delito ha sido ejercer responsablemente su derecho a informar sobre hechos de indudable interés público", y anuncia que "trasladará el caso a los organismos europeos de defensa de la libertad de prensa". El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III y jurista de la plataforma Jacobo Dopico sostiene que "la labor periodística de publicar hechos noticiables tras una contrastación diligente no puede ser criminalizada por el hecho de que la fuente pudiera ser una hipotética filtración procedente de una instrucción penal", porque "la garantía constitucional de la libertad de prensa protege claramente al periodista, y el hecho de que la fuente haya cometido alguna posible conducta ilícita no altera esta conclusión".
Además, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "ha establecido de manera constante que las garantías de la libertad de prensa no ceden aunque la fuente del periodista haya violado algún deber de secreto" y son numerosos los casos en los que ha condenado a distintos Estados por investigar a periodistas o registrar sus despachos por publicar información derivada de filtraciones supuestamente ilegales.
A esta jurisprudencia también acuden la APM y la FAPE en su comunicado, en el que muestran su respeto a la independencia del poder judicial, pero recuerdan que "las decisiones que se adopten no pueden poner en peligro el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar las fuentes a través de las cuales han conocido la información que han publicado", derecho recogido en el artículo 20 de la Constitución Española y uno de los pilares fundamentales en un Estado democrático.
Por su parte, ACIJUR ha expresado su firme apoyo a los cuatro periodistas investigados por el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, situación que considera "pone de relieve la importancia de proteger la libertad de prensa y el derecho a la información, principios fundamentales en una democracia consolidada".
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