Justicia reorganiza los juzgados con los tribunales de instancia y las oficinas de justicia de los municipios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, por la que se constituyen los tribunales de instancia y se sustituyen los jueces de paz por oficinas de justicia del municipio.

En la rueda de prensa posterior, el ministro Félix Bolaños ha explicado que este anteproyecto constituye una parte esencial del impulso reformista en la Justicia anunciado por el Ejecutivo, al abarcar reformas para responder con eficacia a las necesidades de la ciudadanía. La ley constituye el tercer pilar de la transformación integral de la Administración de Justicia del Ejecutivo, en línea con las medidas de eficiencia digital y procesal ya aprobadas.

El objetivo es dotar a la Justicia de una estructura más acorde con las necesidades de la sociedad digital en la que vivimos, “mucho más conectada, diversa, consciente de sus derechos y exigente respecto a los servicios que recibe de la Administración”, afirmó. Su novedad fundamental es constituir un tribunal de instancia por partido judicial, con una oficina judicial única en cada uno, y las oficinas de justicia en los municipios que sustituyan a los juzgados de paz.

Tribunal de instancia

La implantación de los tribunales de instancia supondrá una importante optimización de recursos, al pasar de 3.800 juzgados a 431 tribunales de estas características, lo que evitará disfuncionalidades y permitirá establecer criterios procesales comunes que garanticen la homogeneidad. Estos tribunales implicarán la redefinición de las oficinas judiciales, que pasarán a prestar apoyo en tramitación procesal y servicios comunes a los tribunales de instancia, bajo la dirección de un letrado de la Administración de Justicia.

Por su parte, las oficinas de justicia en el municipio ampliarán considerablemente las competencias y los servicios que prestan los juzgados de paz y permitirán realizar trámites procesales y registrales de manera telemática desde ellos. Eso contribuirá a avanzar en una Administración de Justicia más cercana para quienes no residen en núcleos urbanos, al tiempo que favorecerá la conciliación de los trabajadores de las oficinas judiciales y los tribunales.

Eficiencia procesal

El anteproyecto de ley orgánica aprobado este martes también regula los mecanismos alternativos de solución de controversias, que ya se contemplaban en la ley de eficiencia procesal que el Ejecutivo presentó la pasada legislatura. La aplicación de estos medios en vía no jurisdiccional, en el ámbito mercantil y civil, está prevista para evitar la sobrecarga de los juzgados y tribunales.

Se potenciará la negociación entre las partes a través de instrumentos como la mediación, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial y la opinión de experto independiente, con el fin de encontrar soluciones dialogadas a sus disputas. Con estas herramientas, que ya son comunes y exitosas en países de nuestro entorno, cobrarán mayor protagonismo las profesiones jurídicas, al ejercer esta asistencia letrada.

La norma supondrá un importante paso en la protección y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, al establecer un procedimiento único para abordar las demandas colectivas y definir las entidades habilitadas para las acciones de representación e incorporando plataformas electrónicas para una tramitación más ágil y sencilla para los usuarios afectados en el contexto de que entre 2018 y 2022 este tipo de pleitos aumentó un 120% en Europa.

El Gobierno transpone así la Directiva Europea al respecto dando un paso más allá de lo exigido por la UE, ya que abarcará todas las situaciones en las que se hayan vulnerado derechos e intereses de consumidores. La ley permitirá a los afectados ejercer acciones de cesación (es decir, exigir que se interrumpa una conducta nociva para los consumidores, con la novedad de la reclamación previa al empresario o profesional para que resulte admisible la demanda) y resarcitorias (solicitar una indemnización) a través de plataformas electrónicas.

Además, se creará un sistema de difusión y publicidad electrónica de estas acciones colectivas, de carácter público y gratuito, en el nuevo Registro de Condiciones Generales de la Contratación y de Acciones.