Un modelo en jaque
Muface, en datos y mapas: ¿Cuántos funcionarios tendría que asumir la sanidad pública en Asturias?
El sistema de cobertura privada de los empleados públicos alcanzó en 2023 su récord de titulares

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José Rico / Ricard Gràcia
La primera pieza del puzle de Muface (acrónimo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) se puso en junio de 1975, cuando un franquismo que languidecía decidió agrupar en un organismo todas las mutuas a las que pertenecían los funcionarios y empleados públicos. La Seguridad Social no era universal ni tenía una cobertura tan completa como ahora, pero este modelo de sanidad privada pagada por el Estado se ha mantenido durante medio siglo. Si persiste la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras, la sanidad pública tendría que absorber de golpe a un importante número de usuarios. Pero, ¿cuántos son en Asturias? ¿En qué comunidad hay más? Echemos un vistazo a los datos.
Con los últimos datos actualizados a diciembre de 2023, Muface presta atención sanitaria a 1.537.701 personas en toda España, de las que 1.103.292 son titulares y 434.409 son beneficiarios, pues la cobertura abarca tanto a los funcionarios como a sus familiares directos o a su cargo. La cifra de titulares (los empleados públicos) es la más alta de toda la historia. Para hacernos una idea de cómo ha crecido este colectivo, cabe subrayar que el número de funcionarios adheridos a Muface es ahora cuatro veces superior al de 1976, y que el total de mutualistas es hoy el doble que entonces.
Ahora bien, de los 1.537.701 mutualistas de toda España, 457.307 ya reciben la cobertura sanitaria por parte de la Seguridad Social, lo que significa que la sanidad pública tendría que asumir a 1.080.360 nuevos usuarios cuya asistencia les proporcionan ahora Adeslas, Asisa y DKV. Es decir, las mutuas privadas cubren al 70% de los funcionarios afiliados a Muface. De las tres empresas, la que cuenta con más adheridos en el conjunto de España es Adeslas.
Aunque siete de cada diez mutualistas reciben cobertura privada, el número de usuarios de Muface que optan por la sanidad pública ha pasado de 266.036 en 2010 (el 17% del total) a 457.307 en 2023 (el 30% del total). De hecho, la Seguridad Social atiende a solo unos 50.000 mutualistas menos que la aseguradora más elegida, Adeslas.
En Asturias, el 43,8% de los 36.791 funcionarios adscritos a Muface están ya en la Seguridad Social. Concretamente, 16.139. Se trata de una de las comunidades en las que más elevada es la proporción de mutualistas que prefieren la Seguridad Social. Del resto, la mayoría 12.757 pertenecen a Adeslas, mientras que 4.484 reciben servicios sanitarios de Asisa y 2.056 de DKV.
Andalucía es la comunidad donde más funcionarios escogen la sanidad privada (ocho de cada diez), mientras que en Baleares se dividen prácticamente a partes iguales y en Navarra ya hay más mutualistas que prefieren la Seguridad Social, el 56%. En Cataluña, el 63% de los empleados públicos están cubiertos por las aseguradoras y el 37%, por la sanidad pública.
La distribución de este colectivo por autonomías se corresponde bastante con la proporción de empleados públicos. Andalucía y Madrid son las comunidades que deberían acoger en sus sistemas públicos de salud a un mayor número de mutualistas: 260.845 andaluces y 168.287 madrileños que representan al 40% de Muface. Si se añade a los 118.471 valencianos y los 103.203 catalanes, estos cuatro territorios asumirían el 60% de los funcionarios que se quedarían sin cobertura privada.
Pero para entender mejor el impacto que tendría este trasvase de usuarios de la sanidad privada a la pública, hay que fijarse en qué porcentaje representan los mutualistas de Muface que reciben asistencia privada sobre el total de la población atendida por la sanidad pública. Con ello observamos que las tres autonomías que deberían incorporar a un mayor porcentaje de nuevos usuarios serían Castilla y León (3,12%), Extremadura (3,02%) y Andalucía (2,94%). Estas dos últimas son las comunidades con mayor lista de espera quirúrgica en la sanidad pública, con más de 160 días de media.
La media estatal de este 'impacto' para la sanidad pública sería del 2,12% y por encima de ella se sitúan también Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. Por debajo de la media quedan Asturias, La Rioja, Canarias, Baleares, Cataluña (1,20%), Navarra y País Vasco. En estos dos últimos territorios no llega ni al 1%.
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