Las grandes eléctricas reclaman más inversión y despliegue de redes para alcanzar el objetivo de electrificación del Gobierno a 2030

El Gobierno estima un crecimiento del 45% de la demanda de electricidad en los próximos siete años para sostener el aluvión renovable que llevará a la generación limpia a representar el 81% del total en 2030. La patronal de las grandes eléctricas, Aelec, celebra la ambición del Ministerio para la Transición Ecológica, pero advierte que se necesita más inversión y un mayor despliegue de redes si se quieren alcanzar esos objetivos. "Necesitamos políticas y regulación que hagan factibles esos aumentos de demanda", ha afirmado su presidenta, Marina Serrano, durante el VI Congreso de la patronal de Iberdrola, Endesa y EDP.

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Entre esas políticas ha citado Serrano "fomentar la contratación a plazo", "desarrollar el almacenamiento y los mercados de capacidad", "simplificar los permisos" y "realizar una planificación de infraestructuras más flexible y multisectorial pensando en el hidrógeno". "Necesitamos inversiones anticipatorias en la red para prepararla para todo lo que se necesita y definir una tasa financiera acorde", ha añadido. En los últimos años, la demanda de electricidad ha caído a niveles de hace dos décadas debido, entre otras cosas, a la destrucción de actividad de la industria.

El sector sostiene que esa caída no se produce por desinterés de la industria, sino porque las eléctricas se han visto obligadas a rechazar muchas peticiones de acceso a la red eléctrica debido a qué o bien no hay capacidad suficiente en la infraestructura o bien el coste que se le exige al cliente es demasiado elevado. Según el director general y relaciones internacionales y regulación de Endesa, José Casas, las peticiones de acceso a la red de distribución de las compañías integradas en Aelèc y en Naturgy fueron 3.800 MW en 2020, 5.800 MW en 2021, 15.000 MW en 2022 y 30.000 MW en 2023, frente a una potencia contratada de 175.000 MW.

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"Esos datos corroboran el apetito de electrificación que hay en el país, lo que no puede ser es que la red se convierta en el cuello de botella", ha insistido Casas. Como ejemplo, el directivo pone el caso de una gran industria de 20 MW a la cual conectar 100 MW más le costaría 6,2 millones de euros. "Si trasladamos eso al sistema, el coste sería de 650.000 euros en un año y los ingresos por peajes y cargos ascenderían a 5,8 millones, lo cual claramente es beneficioso para el sistema", afirma, para pedir que en determinados casos se realice un análisis coste-beneficio para que sea el sistema eléctrico quien asuma esos costes.

El año que viene se abre un nuevo periodo regulatorio para las redes eléctricas, que será el que alcance esa meta de 2030 y de ahí la presión de las compañías. Por un lado, piden que se cree una nueva fórmula regulatoria que permita anticipar inversiones. Es decir, desplegar redes antes de que haya un cliente interesado en esa red. Por otro, reclaman eliminar los límites a la inversión. En la actualidad, las eléctricas solo pueden invertir 0,13% del PIB al año en redes porque el coste último lo pagan los usuarios en la factura de la luz. Y al mismo tiempo buscan obtener una mayor rentabilidad para esas infraestructuras, ante la subida de tipos de interés y la inflación, que se asemeje al 7% que tienen otros países (en España la rentabilidad actual es del 5,58%).

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"Tenemos que ser capaces de que todo el que quiera electrificarse pueda acceder en tiempo y forma a las redes", ha concluido el director de regulación de Iberdrola España, Patxi Calleja, en la misma línea que el presidente de EDP España, Manuel Menéndez: "Está bien que aspiremos a que la electricidad tenga un peso alto en la demanda final de energía, pero ahora hay que ejecutarlo y ahí es donde hay que alinear la forma de ver las cosas entre el sector público y el privado".