El Gobierno insiste en su "absoluto compromiso" para investigar el accidente y destaca la labor de la inspección interna a Minas

Peláez resalta que el carácter reservado de la instrucción judicial y elude valorar que se haya activado una comisión de investigación en la Junta

Guillermo Peláez, en una imagen de archivo.

Guillermo Peláez, en una imagen de archivo. / Paco Paredes / Efe

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha asegurado que hoy inicia su actividad la inspección general de servicios, el órgano que evaluará la actividad de la dirección general de Minas para dilucidar si hubo negligencias en el celo administrativo sobre la explotación de Cerredo, en la que se ha constatado la extracción ilegal de carbón y donde cinco mineros murieron el pasado lunes 31 de marzo tras una gran explosión.

Peláez no quiso entrar a valorar la activación de la comisión parlamentaria en la Junta aunque se preguntó si Covadonga Tomé (Somos) se sumaría “al PP y Vox” para pedirla. El portavoz del Ejecutivo ha insistido en el “absoluto compromiso” del Gobierno para esclarecer los hechos, “exigiendo responsabilidades caiga quien caiga”.

Como consejero de Hacienda y Justicia ha asegurado que esta misma mañana ha firmado la solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Asturias y al Consejo General del Poder Judicial para que establezcan “un refuerzo” al juzgado de Cangas del Narcea que instruye el caso. No quiso señalar si se ha reclamado por parte de la jueza documentación al Principado. “Lo desconozco, pero el caso está sujeto a secreto de sumario”, señaló. No obstante, fuentes judiciales señalaron que no está declarado el secreto de sumario, aunque las actuaciones sí están bajo reserva para las partes personadas, que tienen acceso a toda la documentación. Eso sí, Peláez ha insistido en la “colaboración absoluta” que prestará el Principado y ha recordado que el Gobierno regional se ha personado como acusación en el procedimiento judicial.

Peláez ha insistido en el “prestigio” de la inspección general de servicios que evalúa el procedimiento de la administración, un servicio que “establece recomendaciones” y que normalmente “tienen consecuencias”.

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